miércoles, 15 de marzo de 2017

El estado actual del bienestar social en Cuba (I)

Carmelo Mesa-Lago; Cuba Posible
Marzo 15, 2017


Foto: Gareth Williams / Flickr

Introducción

En 1989, antes del colapso de los países del campo socialista, el bienestar social cubano superaba a varios de aquellos y encabezaba a la mayoría de América Latina: salud y educación universales y gratuitas, bajo empleo “declarado” o visible, distribución del ingreso relativamente igualitaria (aunque menos que en 1980), un aumento de 17 por ciento en el salario medio real en el sector estatal respecto a 1980, y distribución de alimentos racionados a precios subsidiados (si bien inferior a 1980); sólo en la vivienda se iba a la zaga. Esto fue posible por el compromiso social del gobierno y el apoyo de la Unión Soviética, que he estimado en 65,000 millones de dólares durante 30 años (1960-1990). Del total de la ayuda, 60,5 por ciento no era reembolsable (donaciones, subsidios de precios, créditos automáticos anuales para cubrir el déficit comercial) y sólo 39,5 por ciento eran préstamos, de los cuales Cuba sólo pagó 1,9 por ciento (Mesa-Lago, 2003).[1] Periódicamente he evaluado la evolución el bienestar social en Cuba a través de libros y artículos académicos.[2]

Tras la publicación del Anuario Estadístico de Cuba 2015 (ONEI, 2016a) y otras estadísticas en 2016, es oportuno actualizar mis análisis previos sobre el bienestar social cubano. De entrada, reitero lo expuesto y documentado: las reformas estructurales económicas implementadas por el presidente Raúl Castro desde 2007, son las más importantes bajo la Revolución y en la dirección correcta aunque lentas, con muchas trabas burocráticas y desincentivos, además de que –según ha reconocido la dirigencia—no han tenido, hasta ahora, efectos económicos tangibles. En 2016 la economía venezolana acentuó su deterioro: el PIB cayó 9,7 por ciento (el inferior en la región y 10 veces peor que la tasa cubana); la inflación fue de 181 por ciento, 23 veces el promedio regional (según el Banco Mundial fue 700 por ciento y proyecta 1,600 por ciento para 2017); y las reservas internacionales eran 27 por ciento del monto de 2008 (CEPAL, 2016). Además, existe una severa y creciente escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de consumo.

Según Pavel Vidal, la correlación entre el crecimiento económico cubano y Venezuela fue de 81 por ciento en 2005-2016 y sólo el intercambio comercial alcanza 12 por ciento del PIB cubano; por ello el declive en la República Bolivariana ha repercutido negativamente en Cuba (Cuba Standard, 2017). En 2015, el intercambio comercial de mercancías de Cuba con Venezuela mermó 40 por ciento (de 40,5 por ciento a 28,7 por ciento del total); el envío de petróleo descendió de un cénit de 105,000 barriles diarios a 55,000 en el segundo semestre de 2016; el suministro de crudo venezolano para refinar en la planta de Cienfuegos se redujo a la mitad en 2016 y así también la producción del refino y la exportación cubana del excedente (la planta podría cerrarse pues no es rentable con los precios actuales del petróleo); la compra de servicios profesionales cubanos (en su mayoría médicos), el principal ingreso en divisas de Cuba, decreció 18 por ciento; y, como resultado de estos factores, el balance total de bienes y servicios cayó 41,6 por ciento (Mesa-Lago, 2016; ONEI, 2016a; Piñón, 2016; Pérez Villanueva, 2017; Rodríguez, 2017). Después de un crecimiento de 4,4 por ciento en 2015, el PIB cubano se contrajo 0,9 por ciento en 2016 (la primera caída en 23 años)[3]; la formación bruta de capital promedió 13 por ciento anual en 2008-2015, la mitad del requerido 25 por ciento para un crecimiento económico entre 5 por ciento y 7 por ciento; a pesar de una recuperación, el índice de producción industrial en 2015 estaba 38 por ciento por debajo de 1989 (ONEI, 2016a).[4] Con las premisas de que la economía venezolana mejorará en 2017 y aumentará el boom turístico,[5] se proyecta oficialmente un crecimiento de 2 por ciento en 2017, optimista en vista al deterioro creciente en Venezuela. Para enfrentar la situación se planea aumentar el gasto público, expandiendo el déficit fiscal de 7,3 por ciento del PIB en 2016 a 12 por ciento en 2017.

Las reformas estructurales han generado efectos sociales adversos, los cuales son agravados por el envejecimiento poblacional. Este artículo, basado fundamentalmente en estadísticas cubanas, analiza: 1) el proceso de envejecimiento, 2) el empleo y desempleo, 3) el salario y la desigualdad en el ingreso, 4) los impuestos y el gasto social, 5) las pensiones, 6) la atención de la salud, 7) la educación, 8) la vivienda, 9) la pobreza y la asistencia social, y 10) conclusiones.

1. Cuba, el país más Envejecido de América Latina

En 2014 se proyectaba que en 2025 Cuba alcanzaría al Uruguay como el país más envejecido en la región; eso ya ocurrió. El Gráfico 1 muestra los cambios demográficos cubanos entre 1953 y 2015.

Gráfico 1. Envejecimiento de la Población en Cuba, 1953-2015



Fuente: Elaboración propia basada en Censo de 1953; CEE, 1991; ONEI, 2016b.

La tasa de crecimiento de la población se redujo 95 por ciento (de 2,1 por ciento en 1953 a 0,1 por ciento en 2015) por dos razones: Cuba tiene la tasa de natalidad más baja del hemisferio (menguando de 2,5 por ciento a 1,1 por ciento) y una tasa de emigración neta muy alta y en ascenso (en 2016 fue la mayor desde 1994). La tasa bruta de reproducción (hijas por mujer en edad fértil) fue 0,83 por ciento en 2015, por debajo de la tasa de remplazo de 2,1 hijos por mujer, de ahí que la población absoluta haya disminuido en años recientes (ONEI, 2016b; Aja, 2016). A este fenómeno contribuye el amplio conocimiento de la gente sobre el sistema reproductivo, la alta participación de la mujer en la fuerza laboral, el uso de contraceptivos y la disponibilidad gratuita del aborto (lo practican entre 48 por ciento y 66 por ciento de las mujeres en edad fértil), y las difíciles condiciones de vida (Díaz-Briquets, 2014).

Por el envejecimiento poblacional, la proporción del segmento joven (0-14 años) mermó de 36,9 por ciento en 1970 a 16,5 por ciento en 2015 y se proyecta bajará a 15,5 por ciento en 2030; el segmento viejo (60 y más) ha crecido: 6,9 por ciento en 1970, 19,4 por ciento en 2015 y 30 por ciento en 2030. El segmento en edad productiva (15-59), crucial porque mantiene a los otros dos segmentos, ya comenzó a decrecer: 65,3 por ciento en 2010, 64,1 por ciento en 2015 y 54,4 por ciento en 2030. Por ello la “tasa de dependencia” (suma de los segmentos joven y viejo, divididos por el segmento en edad productiva) ha aumentado de 53 por ciento en 1990 a 56 por ciento en 2015 y 84 por ciento en 2030, lo cual implica una pesada carga en aumento.[6]

2. Empleo y Desempleo

El envejecimiento demográfico ha provocado una disminución en la población económicamente activa (PEA): 2,7 por ciento entre 2011 y 2015, mientras que la PEA ocupada perdió 149,600 plazas, un declive de 3 por ciento en dicho período.[7] Ambas tendencias continuarán. Ver Gráfico 2.

Gráfico 2. Declive de la Población Económicamente Activa y la PEA Ocupada, 2010-2015



Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2016a.

La reducción de la PEA, especialmente jóvenes cualificados, será un serio problema a mediano y, especialmente, a largo plazo, pues habrá una escasez de mano de obra. La alta emigración, de la cual 76,7 por ciento está en el segmento productivo, agrava este problema, especialmente en actividades cualificadas (Aja, 2016). La eliminación por el presidente Barack Obama, al final de su presidencia, de la política de “pies secos/pies mojados” debería de aliviar este problema, a menos que Trump la revierta, lo cual iría en contra de su política anti-inmigratoria, aunque la fuerte participación de cubano-americanos en su administración podría conseguir dicha regresión o una atenuación.

En otro trabajo (Mesa-Lago 2017b) analicé la evolución del desempleo declarado (visible) y del sub-empleo o sub-utilización de la mano de obra (desempleo oculto) en Cuba entre 1957 y 2010. En 2010-2011 se dieron varias cifras sobre el empleo innecesario en el sector estatal (“nóminas infladas”) y se anunció que dicho excedente sería despedido: 500,000 en 2010, 1 millón en 2011 y un total de 1,8 millones en 2015. Los afectados encontrarían empleo en el sector no estatal en expansión o recibirían una compensación parcial y temporal. A fines de 2014 habían sido despedidos solo 418,000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se anunció oficialmente la terminación de los despidos, aunque tomando la meta de 2015, aún quedaban 1,38 millones de empleados innecesarios. La razón es que el sector no-estatal no creció lo suficiente para dar empleo al total de despedidos.[8] El Gráfico 3, reproduce las cifras oficiales sobre desempleo visible entre 1998 y 2010-2015, mis estimaciones gruesas sobre el desempleo oculto, y el total combinando desempleo visible y oculto.

Gráfico 3. Desempleo Visible y Estimados Gruesos de Desempleo Oculto, 1998 y 2010-2015


 

Nota: El desempleo oculto se calcula como porcentaje de la PEA en cada año basado en la cifra final de 1,8 millones de empleados estatales innecesarios. En 2015 se restó a 1,8 millones los 418,000 despedidos en 2014.
Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2015, 2016; Mesa-Lago, 2017; Mesa-Lago, Veiga, González, Vera y Pérez-Liñán, 2017.

La cifra de 1998 proviene de la CEPAL, que después descontinuó la misma. El desempleo visible en 2008 fue 1,6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), probablemente el más bajo en el mundo, pero no hay estimado del desempleo oculto hasta que se dieron en 2010-2011. En 2010 mi cálculo del desempleo oculto era 35,2 por ciento, mayor que en 1998; en 2011 había disminuido a 34,7 por ciento y en 2015 había menguado a 26,1 por ciento; sumando desempleo visible y oculto, los totales respectivos en 2015 eran 37,7 por ciento, 37,9 por ciento y 28,1 por ciento. Cuando comenzaron los despidos en 2010, el desempleo visible aumentó a 2,5 por ciento de la PEA en 2010 y a 3,5 por ciento en 2012, pero al terminarse aquellos declinó consistentemente a 2,4 por ciento en 2015; no obstante 26 por ciento de la PEA aún subsistía como desempleo oculto, un indicador de baja productividad y un costo fiscal elevado.

3. Salario y desigualdad en el ingreso

En publicaciones anteriores, desde 2003, he calculado el salario medio mensual real (ajustado a la inflación) en el sector estatal. El Gráfico 4 resume dicha evolución entre 1989 y 2015.

Gráfico 4. Evolución del Salario Medio Mensual Real en el Sector Estatal, 1989-2015



Fuente: Elaboración propia basada en Mesa-Lago, 2003, 2012a, actualizado con ONEI, 2015, 2016a.

El salario en el sector estatal se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al índice de precios al consumidor y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo. En 1993, el peor momento de la crisis de los años 90 (“Período Especial”), el salario real era una décima parte que en 1989; después siguió una recuperación gradual hasta que en 2015 había subido a 38,4 por ciento del nivel anterior a la crisis, o sea, el poder adquisitivo en 2015 era 61,6 por ciento menor que en 1989.[9] El referido salario estatal se basa sólo en el peso nacional (CUP) y excluye desembolsos en pesos convertibles (CUC) y otros pagos extra, por lo que subestima el monto (Herrera, 2015). Pero la inflación está también subestimada pues se basa sólo en los bienes y servicios en CUP y excluye el CUC (para otros problemas ver Vidal, 2015). No podemos hacer un cálculo más preciso para determinar cuál es el verdadero salario real.[10] En 2016 el déficit fiscal fue 7,3 por ciento y en 2017 se planea que ascenderá a 12 por ciento, el mayor desde 1993 y con un aumento acumulado de 20 por ciento en dos años.[11] Esta expansión para enfrentar la crisis en curso alimentará la inflación; ya en 2016 el salario medio nominal se redujo en 7 por ciento (Murillo, 2016); con una inflación similar ocurrió una caída de alrededor de 14 por ciento en el salario real (la primera desde 1993); si en 2017 no se aumenta substancialmente el salario nominal, ocurrirá otra merma.[12] El salario medio estatal mensual de 687 CUP en 2015, equivalente a 27 dólares, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo educación y salud), mientras que el salario mínimo de 225 CUP es una cuarta parte del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas (Monreal, 2016). Marino Murillo informó el 15 de mayo de 2015 que el 75 por ciento de los ingresos de la población se dedica a la compra de alimentos (Juventud Rebelde, 16 mayo 2015).

El Cuadro 1, lista los precios de alimentos, bebidas alcohólicas, refrescos y manufacturas al final de 2016, en las TRD y los mercados agropecuarios. El salario medio estatal de 687 CUP se gasta en comprar varios artículos esenciales; una libra de café y dos rollos de papel higiénico equivale al salario mínimo de 225 CUP. Esto sin contar el precio de la ropa y los zapatos y las tarifas de transporte, electricidad y agua.


En 2014 se estableció el pago a los trabajadores de acuerdo con el rendimiento; si se incumple el plan se reduce dicho pago al salario mínimo (Resolución, 2014). Entrevistas a 20 directivos de cuatro ministerios y de la CTC revelaron múltiples dificultades en la aplicación de la medida: a) la falta de insumos, aumento de precios de la materia prima, obsolescencia tecnológica y otros imprevistos que causan interrupciones y afectan a la productividad, no son responsabilidad del trabajador pero lo penalizan; b) hay dificultades con la medición de los indicadores productivos del plan que se basan en el año anterior y no contemplan cambios posteriores, también contradicciones entre dichos indicadores y la autonomía de la empresa para diseñar sus sistemas de pago, así como desconocimiento de la norma legal; c) para sufragar el incremento salarial, a veces se sacrifican servicios necesarios, como el mantenimiento, lo cual acorta la vida útil del equipo; d) hay empresas eficientes que carecen de reservas y no pueden pagar los incrementos, mientras que otras ineficientes tienen una reserva heredada y pueden hacerlo; e) hay poca disparidad entre grupos en la escala salarial (igualitarismo) y los trabajadores no tienen motivación para esforzarse porque la diferencia puede ser sólo de cinco o diez CUP. Los entrevistados tuvieron consenso en que: “la creación de riquezas debe ir acompañada de la adecuada retribución. Cuando se produce un desfase entre la productividad y los salarios, se corre el riesgo de desmotivar al trabajador, y con ello se puede afectar… el crecimiento del PIB” (Carro y Reyes, 2015). Vidal (2015) nota que existe un “círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. Como los salarios son bajos los trabajadores se sienten poco motivados; como resultado, la productividad no crece lo suficiente para que el [gobierno] autorice incrementos”.

Las reformas estructurales han ampliado la desigualdad en el ingreso. El gobierno nunca ha publicado el coeficiente Gini de desigualdad, pero estimados y documentación respaldan esa aseveración (Espina, 2015; Mesa-Lago, 2016). Frente a un salario medio estatal erosionado, los ingresos en el sector privado, especialmente los cuentapropistas que rentan en CUC casas y habitaciones para turistas, así como los dueños de paladares, crecieron de forma extraordinaria especialmente en 2016 y 2017 con el salto del turismo. En 2015-2017 usando el salario medio estatal como base (1,0), el ingreso de un cuentapropista o trabajador en turismo era 5,8 veces mayor, el de un paladar de lujo era 285 veces mayor y el de un rentista de mansión de lujo 424 veces mayor; por el contrario, la prestación asistencial era 0,2, el salario mínimo 0,3, la pensión promedio 0,4 y la remesa promedio 1,4. Ver Cuadro 2. A menos que el gobierno tome medidas compensatorias, la tendencia a la desigualdad se acentuará.



4. Impuestos y Gasto Social

Una manera de atenuar la desigualdad “primaria” en el ingreso nacional es a través de impuestos progresivos combinados con un gasto social focalizado en servicios sociales universales y gratuitos, así como en los grupos de menor ingreso y los pobres. A pesar de la reforma de impuestos de 2012, el sistema sigue siendo regresivo: en 2010, 50,8 por ciento del ingreso tributario provenía de impuestos indirectos (a las ventas y a los servicios públicos) y 49,2 por ciento de impuestos directos (a utilidades, ingresos, nómina y otros); en 2015, 52,8 por ciento del ingreso tributario procedía de impuestos indirectos y 47,2 por ciento a los impuestos directos, o sea, que se acentuó la regresividad (Mesa-Lago, 2012a; ONEI, 2016a).

El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. El Gráfico 5 demuestra que dicho gasto alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55,4 por ciento del presupuesto estatal y 36,6 por ciento del PIB. En 2015 había menguado a 47,3 por ciento y 28,2 por ciento respectivamente, o sea, un declive de 8,1 puntos porcentuales menos del presupuesto estatal y 8,4 puntos menos del PIB. La conclusión es que tanto el sistema tributario como el gasto social se han malogrado como factores para atenuar la desigualdad en el ingreso y sostener los servicios sociales a la población. 


Gráfico 5. Evolución del Gasto Social, 2006-2015

Fuente: Elaboración propia basado Mesa-Lago, 2012a, actualizado con ONEI, 2015, 2016a.

5. Pensiones de Seguridad Social

El sistema de pensiones de seguridad social cubre virtualmente a toda la población económicamente activa y en ello es el primero en América Latina. Pero en 2008 fue necesaria una reforma “paramétrica”, debido a varias causas: a) condiciones de acceso muy liberales, por ejemplo, las edades de retiro de 55 las mujeres y 60 los hombres eran de las más bajas en la región, a pesar de la alta expectativa de vida en Cuba; b) el rápido envejecimiento poblacional; c) la baja contribución de 10 por ciento cargada al empleador (básicamente estatal),[13] y d) la enorme mayoría de los trabajadores no aportaba. Por ello el costo las pensiones respecto al presupuesto estatal y el PIB era pesado y creciente. El sistema es de reparto simple sin reserva de contingencia (el gobierno cobra la contribución que va al Fisco y este paga la pensión), por ello se generaba un déficit que llegó hasta 40,5 por ciento del gasto de pensiones, sufragado por el Estado y en aumento. La reforma subió las edades de retiro en cinco años para ambos sexos, o sea, 60 para la mujer y 65 para el hombre (en un período muy corto de 4 años); además, aumentó la contribución del empleador de 10 a 12 por ciento y se estipuló que los trabajadores aportasen 5 por ciento de su salario cuando este fuese aumentado (Mesa-Lago, 2012a).

El Gráfico 6 nos muestra los resultados de la reforma; debe tenerse en cuenta que el incremento de la edad aplazó la jubilación al menos en cuatro años y que los efectos no comenzaron a sentirse hasta 2014.

Gráfico 6. Costo de las Pensiones, Déficit y Financiamiento Estatal, 2006-2015



Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2009, 2015, 2016a.

El déficit del sistema de pensiones (sufragado por el Estado) como porcentaje del costo total, continuó creciendo y alcanzó un cénit de 43,8 por ciento en 2013; después descendió a 23,3 por ciento en 2015 (menor que en 2006) y probablemente disminuirá por un par de años más. El déficit financiado por el Estado como porcentaje del PIB menguó de 3,2 por ciento a 1,5 por ciento en el mismo período. Por último, el costo total de las pensiones respecto al PIB bajó de 7,6 a 6,5 por ciento entre 2010 y 2015. A corto plazo, la reforma de 2008 tuvo éxito en reducir tanto el costo de las pensiones como el déficit pagado por el fisco. Sin embargo, a mediano y largo plazo el costo y el déficit retomarán su crecimiento, por el proceso de envejecimiento y porque las actuales edades de retiro todavía son bajas respecto a la expectativa de vida al tiempo de la jubilación: las mujeres 23,64 años y los hombres 17,33 años, altas a niveles latinoamericanos.[14] En 2015 había 1,7 millones de jubilados y pensionados en Cuba y para 2030 se proyecta que las personas de 60 años y más serán 3,3 millones (ONEI, 2016; Aja, 2016). La relación jubilado-pensionado por un trabajador activo era 3,6 en 1989 y mermó a 2,9 en 2015 a pesar de la reforma; aunque no hay una proyección oficial para 2030, la relación oscilaría entre 1,3 y 1,6, o sea, menos de dos activos por un pasivo, al menos que haya otra reforma.

Otra manera de reducir el gasto es mantener bajas las pensiones reales. La ley no determina su ajuste al índice de precios al consumidor (uno de sólo cuatro países en América Latina) y, como en el caso del salario, el gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. El Gráfico 7 exhibe la evolución de la pensión media ajustada a la inflación entre 1989 y 2015.


Gráfico 7. Evolución de la Pensión Real en 1989-2015

Gráfico 7. Evolución de la Pensión Real en 1989-2015

El 1993, la pensión real era 16 por ciento del monto de 1989; 22 años después se estabilizó en la mitad del nivel pre-crisis. La pensión media nominal en 2015 era de 270 CUP mensuales (ONEI, 2016a), equivalente a 10,80 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimenticias. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en la población (Espina, 2008); para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar como cuentapropistas.


(Continuará)


REFERENCIAS:

Aja, Antonio (2016), “Dinámica demográfica de Cuba: Actualidad y desafíos”, Seminario “Retos demográficos en Cuba: envejecimiento, migración y la economía”, FIU Instituto de Investigaciones sobre Cuba, Miami, 21 abril.

Carro, Caridad y Delia Reyes (2015), “En Cuba: salario y productividad”, Bohemia, 26 mayo.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe—CEPAL (2016), Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe 2016, Santiago de Chile, diciembre.

Cuba Standard (2017), Economic Trend Report Fourth Quarter 2016, 2017.

Díaz-Briquets, Jorge (2014), “Accounting for recent fertility swings in Cuba”, Population and Development Review, Vol. 40, No. 4 (Diciembre), pp. 677-693.

Economist Intelligence Unit—EIU (2016), Country Report Cuba December 23, 2016. Londres.

Espina Prieto, Mayra (2008), Políticas de Atención a la Pobreza y la Desigualdad. Examinando el Rol del Estado en la Experiencia Cubana, Buenos Aires, CLACSO-CROP.

______ (2015), “Retos y cambios en la política social”, en Omar Everleny Pérez Villanueva y Ricardo Torres, comps., Miradas a la Economía Cubana: Análisis del Sector No-estatal, La Habana, Editorial Caminos, pp. 158-175.

Fitzgerald, Marguerita y otros (2016), Understanding the Evolving Cuban Consumer, Boston BCG, junio.

Fuente, Alvaro (2017), “¿Cómo consigue Cuba una sanidad con índices de un país rico?”, El País, 7 febrero.

García, Alejandra (2017), “Nuevas normas jurídicas aumentan la protección a la maternidad”, Granma, 11 febrero.


Ley del Presupuesto del Estado 2017 (2016), Gaceta Oficial Extraordinaria, La Habana, 30 diciembre.

Mesa-Lago, Carmelo (2003), Buscando un Modelo Económico en América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto? Chile, Cuba y Costa Rica, Caracas, Nueva Sociedad.


______ (2012a), Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-Sociales y sus Efectos, Madrid, Editorial Colibrí.


______ (2012b), Sistemas de Protección Social en América Latina: Cuba, Santiago de Chile, CEPAL Documentos de Proyectos.


______ (2014), “Institutional changes in Cuba’s economic and social reforms”, en Cuba Economic Change in Comparative Perspective, Richard Feinberg y Ted Piccone, comps., Washington DC, Brookings Institution y Universidad de La Habana, pp. 49-69.


______ (2015), “La desigualdad del ingreso y la experiencia en América Latina”, Temas (La Habana), No. 84, octubre-diciembre, pp. 35-43.


______ (2016), “El legado de Fidel: Balance económico-social para Cuba, 1959-2016”, Nueva Sociedad (Buenos Aires), diciembre.


______ (2017), “Convertir el desempleo en Cuba de oculto a visible”, Invitación para leer a Carmelo Mesa-Lago, La Habana, Cuba Posible, No. 35, pp. 34-48.


Mesa-Lago, Carmelo, Roberto Veiga, Lenier González, Sofía Vera y Aníbal Pérez-Liñán (2017), Voces de Cambio en el Emergente Sector no Estatal en Cuba, La Habana, Cuba Posible, Cuaderno 28.

Monreal, Pedro (2016), “El salario en Cuba: los falsos paradigmas y la terca realidad”, Cuba Posible, enero, pp.1-16.

Morales Emilio (2017), “Cuba: Removing law ‘dry feet wet fee’ will affect remittances to Cuba?”, The Havana Consulting Group, Business Report, No. 1, febrero.

Murillo, Marino (2016), “Vienen ajustes en la economía sin afectar a los servicios fundamentales a la población”, Cubadebate, 8 julio.

Notas:

[1] La deuda pendiente de 25.000 millones de dólares fue condonada por Rusia en 2016.

[2] Mis dos últimos trabajos en castellano son Mesa-Lago, 2012a, capítulo 4, y 2012b.

[3] La CEPAL (2016) estimó un crecimiento positivo de 0,4 por ciento y el EIU (2016) de 0,5 por ciento.

[4] Las caídas más acentuadas fueron en: fertilizantes (95 por ciento), azúcar (80 por ciento), cemento (60 por ciento), acero (29 por ciento) y textiles (25 por ciento); por lo contrario, la producción de petróleo, gas natural, electricidad y níquel era superior (pero la última 26 por ciento menor que en 2008). Similar declive se observó en la agricultura: cítricos (88 por ciento), pesca (70 por ciento), leche de vaca (56 por ciento), tabaco en rama (42 por ciento), arroz (22 por ciento), cabezas de ganado (18 por ciento) y huevos (13 por ciento); sólo eran mayores las hortalizas y los tubérculos (mis cálculos basados en ONEI, 2016a).

[5] El número de turistas sobrepasó 4 millones en 2016, mientras que el ingreso bruto alcanzó US$ 4,000 millones; el ingreso neto no se publica pero es muy inferior por el incremento de las importaciones para el turismo (Pérez Villanueva, 2017). Se ignora si Trump anulará las órdenes ejecutivas de Obama, como la apertura a los visitantes estadounidenses y la rápida extensión de los viajes de aerolíneas comerciales.

[6] Nueva legislación estimula la fecundidad: sube el valor de la licencia por maternidad y permite su pago junto al salario por un año, reduce a la mitad el impuesto a los ingresos, disminuye el pago a los círculos infantiles según el número de hijos y autoriza recibir la prestación a padres que cuiden a hijos y nietos (García, 2017).

[7] Monreal (2016) atribuye la “destrucción de empleos” a que la “actualización” presume que el crecimiento económico por sí mismo será creador de empleo, lo cual no ha ocurrido.

[8] El porcentaje del sector no estatal en la fuerza laboral creció de 16 por ciento en 2009 a 29 por ciento en 2015, pero para absorber a todo el empleo estatal innecesario debió aumentar a 38 por ciento. Para otros cálculos ver Monreal, 2016.

[9] La CEPAL (2016, cuadro A-21) comienza la serie del salario real en Cuba en 2007 con un salto de 15 por ciento en 2015 y 49,3 por ciento entre 2007 y 2015, los mayores en América Latina, pero sería uno de los menores si se usase como base el año 1989.

[10] Una comparación del salario mensual disponible después de impuestos entre 176 naciones, ordenó a Cuba en el último lugar, pero sin tener en cuenta salud, educación y subsidios de precios (NationMaster, 2015).

[11] El presupuesto estatal de 2017 fija el déficit fiscal en 11,454 millones de pesos, 12 por ciento del PIB (Ley, 2016).

[12] Se ha anunciado que en 2017 comenzará la unificación de las dos monedas en Cuba, pero el aumento en la inflación es un serio obstáculo porque dicha unificación generará inflación por si misma

[13] En 2008 la contribución del empleador habría tenido que ser el 21 por ciento para financiar el déficit sólo ese año y después aumentarse progresivamente cada año.

[14] Países menos desarrollados que Cuba tienen edades de retiro iguales, como Honduras, y mayores en las mujeres, como Perú con 65 para ambos sexos.


(La Habana, 1934). Licenciado en Derecho Universidad de La Habana. Máster en Economía por la Universidad de Miami. Doctor en Derecho por la Universidad Madrid. doctor en Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedrático Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Profesor o Investigador Visitante en once universidades o institutos de investigación en Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Reino Unido y Uruguay. Ha impartido conferencias en 39 países. Ex-presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Premio Internacional de la OIT al Trabajo Decente, compartido con Nelson Mandela. Premio Alexander von Humboldt. Autor o editor de 94 libros y 303 artículos o capítulos en libros sobre economía cubana, sistemas económicos comparados y economía de la seguridad social, publicados en 7 idiomas en 34 países. Libros más recientes sobre Cuba: Buscando un Modelo Económico para América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto?; La Economía y el Bienestar Social en Cuba a Comienzos del Siglo XXI; Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-Sociales y sus Efectos; La Protección Social en América Latina y el Caribe: Cuba. Co-autor: Cuba’s Aborted Reform; Cuba Under Raul Castro: Assessing the Reforms, y Voces de Cambio del Emergente Sector no Estatal en Cuba.

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